Hacienda tiene que devolver 4.000 euros a estas personas por un error de hace años

Hace más de medio siglo, entre 1967 y 1978, miles de trabajadores de la construcción, metalurgia y comercio experimentaron un error en sus tributaciones con Hacienda. La Agencia Tributaria recaudó un 100% para futuras pensiones cuando correspondía solo un 75%, llevando a los trabajadores a pagar un 25% adicional de impuestos sin su conocimiento.

Sentencia que condena a Hacienda

Recientemente, en el pasado 2023, el Tribunal Supremo dictaminó a favor de los jubilados afectados, permitiéndoles reclamar reembolsos por este error tributario en sus declaraciones de impuestos, abriendo una ventana de oportunidad para obtener devoluciones que pueden ascender hasta los 4.000 euros.

Sin embargo, esta compensación tiene un plazo limitado. Hacienda sólo permite solicitarla en las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años, es decir, entre 2018 y 2022. Los afectados, en su mayoría jubilados en la actualidad, deben actuar rápidamente para acceder a este reembolso.

El procedimiento para reclamar implica realizar modificaciones en las declaraciones fiscales recientes. Esto se puede llevar a cabo a través de la página web de la Agencia Tributaria, utilizando métodos habituales como Cl@ve PIN, certificado digital o información de la renta anterior en la casilla 505.

Para realizar las declaraciones complementarias, será necesario ajustar los datos de ingresos destinados a la pensión durante los años en los que se cotizó por la mutualidad. Este ajuste implica restar el 25% extra que se tributó incorrectamente. Además, se requerirá documentación que justifique estos cambios, como la vida laboral.

Esta situación demuestra un fallo de Hacienda que tardó más de medio siglo en ser corregido, gracias a la intervención del Tribunal Supremo. La compensación es posible ahora, pero el tiempo para reclamar es limitado. La solución está disponible, pero requiere acción rápida por parte de los afectados o sus familiares jubilados para acceder a esta devolución. Es una oportunidad para subsanar un error tributario que ha estado presente durante décadas.

El derecho al error

Los errores de Hacienda no son castigados como los de los contribuyentes cuando se equivocan en su declaración. Si Hacienda detecta errores en las declaraciones de los contribuyentes, las multas son altas e inevitables, independientemente de las razones que hayan llevado a dicho error. Pero esto podría cambiar tras una nueva sentencia.

La voracidad recaudatoria de Hacienda ha enfrentado a los contribuyentes a sanciones injustas durante décadas. Año tras año, la Agencia Tributaria ha aumentado la recaudación por multas alegando incumplimientos tributarios, sumando 7.000 millones de euros solo en el año 2022, rozando los 30.000 millones. Esta práctica ha llevado a los contribuyentes a recurrir estas multas ante la Justicia, siendo casos como los de Xabi Alonso o Dani Pedrosa ejemplos notorios, aunque pocos pueden costear prolongados litigios contra Hacienda.

Sin embargo, la Justicia ha respondido ante esta situación. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha fallado en contra de la Agencia Tributaria, exigiendo que para imponer multas, Hacienda demuestre la intención de defraudar del contribuyente. Este fallo destaca que no todo incumplimiento de la normativa fiscal implica la voluntad de defraudar. La responsabilidad no es objetiva, requiriendo que la Administración pruebe la culpa del contribuyente.

Esta sentencia surge a partir de un caso donde Hacienda multó a un contribuyente por declaraciones incorrectas en sus impuestos. Si bien la Agencia aceptó la regularización de los ingresos, la multa impuesta fue cuestionada por el contribuyente, argumentando su ausencia de intención de defraudar. Incluso el abogado del Estado reconoció la complejidad tributaria del caso. El fallo del tribunal gallego resalta que la culpabilidad es esencial en las infracciones tributarias y que la carga de la prueba recae en Hacienda, desafiando la práctica automática de imponer multas sin probar la intención de defraudar.

Este veredicto marca un precedente significativo al reconocer el «derecho al error» de los contribuyentes frente a Hacienda. La sentencia enfatiza que la Administración debe demostrar la existencia de intención de defraudar antes de aplicar sanciones. A pesar de la presunción de buena fe de los contribuyentes, la Agencia suele actuar automáticamente, aplicando multas sin comprobar debidamente la culpabilidad. Este fallo judicial podría marcar un cambio importante en cómo se llevan a cabo las sanciones tributarias, destacando la necesidad de un proceso más justo y transparente en la imposición de multas por incumplimientos fiscales.

Sin embargo, el impacto de este fallo judicial va más allá de un caso individual. Representa un hito en la relación entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria, estableciendo un precedente fundamental para futuros casos similares. Esta decisión no solo desafía la práctica pasada de imposición automática de multas, sino que también subraya la necesidad de una mayor claridad y justicia en el proceso de aplicación de sanciones fiscales.

Este cambio en el enfoque judicial podría tener implicaciones significativas en el sistema tributario en su conjunto. Podría fomentar un marco más equitativo y equilibrado en la forma en que se imponen las multas fiscales, garantizando que se respeten los derechos de los contribuyentes y que las sanciones estén respaldadas por pruebas claras y convincentes de intención de defraudar. Esta sentencia probablemente genere un cambio en las prácticas de la Agencia Tributaria, impulsando hacia una mayor transparencia y responsabilidad en sus acciones, lo que a su vez beneficia la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario.